Permítanme que comparta con ustedes varias noticias recientes en relación a la preservación de la naturaleza en nuestro país:
La primera de ellas, en orden cronológico de más reciente a más antigua, es la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha contra Iberdrola por la electrocución de un ejemplar de águila imperial ibérica (https://elpais.com/elpais/2018/03/21/ciencia/1521657772_727656.html)
Como podemos apreciar en la noticia, se ha condenado a la eléctrica a pagar una multa de 143.000 Euros por la electrocución de un ejemplar de esta especie en un tendido eléctrico de Albacete.
La siguiente noticia (http://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/90-000-euros-de-multa-por-matar-a-un-lince-en-una-finca-de-ciudad-real/) es la sentencia contra un guarda de una finca particular de Ciudad Real por matar con un lazo ilegal a uno de los linces liberados dentro del proyecto de recuperación y reintroducción de la especie en la Península Ibérica. El condenado acepta la multa de 90.000 Euros que le ha impuesto el tribunal y a una inhabilitación por 3 años en el ejercicio de la caza.
Por último, una noticia más antigua y que ha impactado, al menos en parte, a nuestra sociedad (http://www.europapress.es/andalucia/noticia-dos-empleados-enfrentan-ano-medio-carcel-135000-euros-indemnizacion-matar-murcielagos-uja-20180204101232.html). Se trata del anuncio de un juicio contra dos trabajadores de mantenimiento en la Universidad de Jaén por destruir una colonia de murciélagos existentes en uno de los edificios del Campus Universitario de Las Lagunillas (Jaén). Dichos trabajadores se enfrentan a una año y medio de cárcel y al pago de una indemnización cifrada en 135.000 Euros.
Y ¿Por qué he querido resaltar estas tres noticias? El motivo no es otro que incidir en lo complejo y, a veces, costoso que resulta la preservación de los recursos naturales. Preservación que, en muchas ocasiones, no es bien entendida e incluso que puede generar cierto rechazo por parte de la sociedad. Se trata de tres noticias de impacto y, especialmente la última, no están exentas de cierta polémica por lo doloso que puede resultar el daño presuntamente provocado contra especies que están protegidas por la legislación nacional y autonómica.
Lo cierto es que estamos acostumbrados a lidiar con el coste de los servicios públicos y privados que posibilitan nuestro desarrollo. No obstante, en muchas ocasiones es necesario hacer un buen ejercicio de educación ambiental para que lleguemos a comprender que mantener en buen estado de conservación nuestros recursos naturales también puede resultar costoso y complejo. En este sentido, tendemos a asumir que una autovía cuesta millones o cientos de millones de nuestros preciados euros, pero por el contrario no asimilamos de la misma manera que no gastemos un millón y medio de esos euros en la preservación de una especie protegida, como podría ser el águila imperial de la primera noticia. Aún recuerdo alguna columna pública de opinión que se ponía a repartir los millones del proyecto Life – Lince entre los linces que quedaban en la naturaleza. Terminaba la columna sentenciando erróneamente que hacíamos a los linces ricos por definición. ¿Acaso se llegó a analizar el coste de las peonadas para instalar mejoras en las fincas donde habitaban aquellos linces? ¿Se planteó en algún momento que veterinarios, biólogos y operarios que trabajaban en la recuperación de aquella especie tienen que cobrar – como todo trabajador – su sueldo al final de cada mes? Seguramente no, ni falta que hacía. Era mejor decir que se dotan millones de euros en repartirlos entre “cuatro gatos”.
Lo cierto es que evitar la extinción de las especies es muchísimo menos costoso que tratar de recuperarlas, pero el problema es que no solemos hacerle mucho caso a estas especies hasta que la situación requiere con urgencia que se inviertan fondos públicos para su recuperación. Es entonces cuando se complica la cosa y es necesario contratar técnicos, invertir en el territorio y establecer costosos y complicados proyectos de reintroducción o cría en cautividad. Por eso cobra todo su sentido aquella máxima del “principio de precaución” de cara a nuestro patrimonio natural. O lo que es lo mismo: ante la duda, lo mejor es no intervenir para así evitar impactos (daños) no deseados. Afortunadamente, disponemos de una normativa legal que preserva nuestro derecho a disfrutar del medio ambiente, y dicha normativa recoge las faltas e infracciones que no deben cometerse (prohibiciones) contra dicho recurso, incluyendo los gastos de reposición de ejemplares de una determinada especie u otra. No lo olvidemos, dañar la naturaleza es un Delito, tipificado como tal en el Código Penal español.
Sabemos que si rompemos mobiliario urbano, dañamos una infraestructura o lesionamos un bien ajeno, lo más normal es que administración y justicia nos reclamen el precio del bien dañado. Igual ocurre con los bienes naturales como son los murciélagos, las águilas o los linces. Y no sólo resulta lógico que se reclame una pena monetaria, que debe ser destinada a la recuperación de las especies lesionadas, sino que además se requiera acciones específicas que estén dirigidas a recuperar el bien perdido o dañado. En este sentido, la administración andaluza por ejemplo, viene acumulando una importante experiencia en la persecución de delitos como la colocación de cebos envenenados en la naturaleza. La creación de unidades específicas de investigación de estos delitos, con la incorporación de unidades caninas de rastreo y detección de los venenos, ha permitido poner a disposición judicial a no pocos infractores, llegándose a cerrar cotos de caza y a prohibir temporalmente determinados aprovechamientos como la ganadería en fincas donde el delito ha sido demostrado.
Por este motivo, no nos ha de extrañar que sigan apareciendo noticias como las indicadas al principio de esta entrada de blog. Nuestra sociedad debe asumir la importancia de preservar sus recursos naturales y perseguir si fuera necesario a los posibles infractores para que esos daños sean correctamente reparados. ¿Se acuerdan de aquella máxima de “quien contamina paga”? Está claro que así debe ser, pero también para quien atenta y daña contra las especies que tanto y tan costosamente estamos obligados a preservar para las generaciones futuras.
Javier Moreno Montoza